La causa por el espionaje ilegal se inició con un llamado anónimo a la casa de Sergio Burstein, un dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA. La comunicación, a principios de septiembre de 2009, fue atendida por la hija de Burstein y la misteriosa voz al otro lado de la línea fue muy precisa: “Decile a tu papá que el Fino Palacios lo está espiando”. De entrada, Burstein no creyó en el anónimo, pero pocos días más tarde hizo la denuncia judicial. El sorteo determinó que el expediente cayera en el juzgado de Norberto Oyarbide.
El magistrado le pidió un informe a la SIDE. El resultado fue asombroso: el organismo de inteligencia confirmó que Burstein tenía el teléfono pinchado por orden judicial. La SIDE le dijo a Oyarbide que la orden salió de un juzgado de Misiones.
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