Terapias físicas en el IVC de Macri

Un especialista en terapias para parálisis fue contratado por el IVC. El terapeuta compró un Mercedes-Benz valuado en 73 mil dólares, pero extendió el permiso de uso al vicepresidente del IVC, Petrini. También investigan si hay vínculos con la UCEP.

Por Eduardo Videla

En el Instituto de la Vivienda de la ciudad pasan cosas extrañas. Hace casi dos años, ese organismo contrató a un “licenciado en terapias físicas”, a quien le paga 5600 mensuales por la prestación de sus servicios. Ese hombre, tres meses después de su ingreso como contratado al plantel de la ciudad, se compró un automóvil de lujo, un Mercedes Benz valuado en 73 mil dólares. Lo curioso es que extendió una cédula azul –un permiso exclusivo de manejo– para el vicepresidente del IVC, Eduardo Raúl Petrini. La secuencia llamó la atención del juez porteño Roberto Gallardo, quien inició una investigación, constató los hechos y elevó una copia del sumario a la Cámara en lo Penal y Correccional “ante la posible comisión de delitos”. La misma resolución fue enviada por el magistrado el viernes último al jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, a quien le dio un plazo de 48 horas para que informe qué medidas va a adoptar respecto de esta situación. El episodio es un desprendimiento de la causa en la que Gallardo investiga el accionar de la UCEP –el grupo de choque del macrismo organizado para desalojar a indigentes– y el posible financiamiento irregular de sus actividades.

La primera pista llegó con una denuncia anónima. El 30 de noviembre, llegó al juzgado de Gallardo un sobre de papel madera con fotocopias y una nota en la que se leía: “De esta forma se financia la UCEP. Por favor investigue. Después no hay plata para vivienda”. En el sobre había copias de una factura emitida por una persona llamada Mariano Orlando, para el IVC, en concepto de “locación de obra”; copia del inicio de una solicitud de crédito inmobiliario para el mencionado Orlando, y de un comprobante de Rentas que indica que la misma persona es propietaria de un Mercedes-Benz C 350 Avantgarde, modelo 2008.

El juez le dio vista de la causa al asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, quien solicitó el secuestro de toda la documentación que respalde las denuncias. Moreno es quien había iniciado la causa al presentar una denuncia por la violenta actuación de la UCEP contra una embarazada. A esa causa Gallardo agregó la investigación en el IVC, puesto que el anónimo hacía referencia a una supuesta financiación irregular de ese organismo.

En esa causa, en un fallo dictado a fines de octubre, el juez había dispuesto que la UCEP se abstenga de realizar desalojos en la vía pública sin previa autorización del tribunal. Pero un mes después, dos estudiantes denunciaron haber sido testigos de un operativo contra un indigente, en cercanías de la Facultad de Ciencias Económicas, por personas identificadas como pertenecientes a la UCEP, lo que –a entender del juez– constituiría una violación de la anterior medida judicial. El propio gobierno había dispuesto, por decreto, la disolución de la UCEP, pero los hechos parecían indicar lo contrario.

Allanamientos simultáneos

En base a la información reunida y a pedido del asesor tutelar, Gallardo ordenó seis allanamientos en distintos puntos del Edificio del Plata, una de las sedes del gobierno porteño, que se realizaron en un mismo día, el 3 de diciembre último. De dos de ellas dio cuenta Página/12 el lunes pasado: una fue en la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público, en el segundo piso, y la otra en la oficina del titular de esa dependencia, Jorge Polini, responsable de la UCEP. Los otros procedimientos se realizaron en distintas oficinas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad:

- En la Coordinación General Administrativa (sexto piso), donde fueron secuestradas actas de directorio de los años 2008 y 2009 y el expediente vinculado con el especialista en terapias físicas Mariano Orlando.

- En las oficinas del vicepresidente del IVC, Eduardo Petrini, donde se secuestró la CPU de su computadora.

- En la Tesorería del IVC, ubicada en el quinto piso de Carlos Pellegrini 179, donde se secuestró documentación vinculada con pagos a Orlando.

- En la Gerencia Financiera y Contable del IVC, en el tercer piso de ese mismo edificio.

- En el domicilio legal de Orlando, en avenida Mosconi al 2600.

De la documentación obtenida, el juez Gallardo constató que Orlando está inscripto en la AFIP como monotributista, en estado activo, en la actividad “servicios relacionados con la salud humana”, desde enero de 2008. Y que fue aprobada su contratación en el IVC mediante el acta de directorio del 22 de diciembre de 2008 bajo el régimen de “locación de servicios”, por lo que percibe un ingreso de 5600 pesos mensuales. Así, desde febrero de 2008 a la fecha percibió la suma de 94 mil pesos por sus servicios, que consistirían en tareas como “agente verificador”.

Por otra parte, un informe del Registro de Propiedad del Automotor confirma que Orlando es titular de un automóvil Mercedes Benz modelo C350 Avantgarde, inscripto a su nombre con fecha del 2 de mayo de 2008. El valor fiscal de ese automóvil es de 229.615 pesos (según la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos) pero su cotización en el mercado asciende a los 73.000 dólares.

Pero lo que resultó más llamativo para el juez es que Orlando haya requerido la extensión de la denominada “cédula azul”, un permiso exclusivo de conducción, para ese vehículo, a nombre de Eduardo Raúl Petrini, vicepresidente del IVC, el organismo para el cual Orlando presta servicios. La cédula fue emitida el 27 de mayo del año pasado, es decir, apenas 25 días después de la compra del auto.

Un hombre de negocios

¿Quién es Eduardo Petrini? ¿Cómo llegó al directorio del IVC? No está apadrinado por ningún partido político, como otros directores del Instituto de la Vivienda, sino por el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con quien hizo negocios cuando el jefe del PRO era presidente de Boca. Según publicó el periodista Gustavo Veiga en este diario en agosto de 2005, desde 1996 realizó operaciones de compra y venta de jugadores en nombre del club, entre ellas, la del ignoto delantero chileno Pedro González, que pasó sin pena ni gloria pese a la inversión de 25 millones de dólares.

Alejado del negocio futbolero, ahora Petrini se dedica a recomendar un licenciado en terapias físicas para el IVC: la mayoría de las órdenes de pago libradas a favor de Marcelo Orlando fueron refrendadas por el vicepresidente del Instituto.

¿Por qué necesitaría ese organismo, que prácticamente ha abandonado su misión de construir viviendas sociales, un hombre dedicado a terapias físicas, cuya formación apunta a la rehabilitación de pacientes con patologías motoras, como la parálisis? El juez Gallardo se lo pregunta pero hasta ahora no encuentra respuesta: “No se comprende cuál pudo haber sido la prestación efectivamente realizada, si es que la misma tuvo lugar”, reflexionó en su escrito.

Para el juez, “resulta de difícil comprensión que un monotributista de categoría E, cuyos ingresos provendrían de la actividad declarada, haya podido adquirir un rodado de la categoría del citado”. “Más difícil aún –-prosigue– resulta explicar cuál podría haber sido el motivo por el cual el adquiriente del automóvil haya extendido una autorización exclusiva de conducción a favor del vicepresidente del IVC que, paradójicamente, ‘gestiona’ el pago de sus facturas mensuales.”

Como si esto no fuera suficiente, se encuentra la tramitación de un crédito hipotecario a favor de Mariano Orlando (expediente 8674/IVC/08). Los hechos enunciados, de acuerdo con la resolución, “no logran eludir la categoría de ilícitos”. Por lo pronto, después del allanamiento, desde el estudio Cúneo Libarona se presentaron en el juzgado de Gallardo, interesados por la situación de Petrini y su computadora.

Consultado por Página/12 el magistrado ratificó el contenido de su escrito, al que había accedido este diario, y aseguró que una copia del mismo fue presentada ante la Cámara en lo Criminal, “ante la posible comisión de delitos”. También notificó al jefe de Gobierno, a quien intimó para que en el término de 48 horas “informe al tribunal las medidas administrativas adoptadas al respecto”.

Relaciones peligrosas

En principio, no aparecen vinculaciones en la causa entre el presunto funcionamiento de una UCEP residual y las sospechosas operaciones en el IVC. En su allanamiento a la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público, Gallardo detectó que en la planta del organismo figura una persona, Gustavo Buzuk, que aparece al frente de operativos de desalojo en la vía pública, que cumple horarios rotativos pero cuenta con partida presupuestaria (ver recuadro). ¿Cómo se financia su trabajo? ¿O es que lo hace gratis? Los investigadores no descartan que exista un hilo conductor entre éstas y otras operaciones dudosas.