Cómo Macri y Palacios forjaron el sueño de una Side neoliberal

No sin un toque de ironía, el ministro Guillermo Montenegro resumió su estado de ánimo con las siguientes palabras:
–Hasta acá llegó mi amor.
–No digas eso, Guillermo. Hacelo por mí –fue la respuesta de la ex vicejefa del gobierno porteño, Gabriela Michetti–.
El diálogo tuvo lugar el miércoles pasado, después de que Mauricio Macri anunciara el nombramiento de Eugenio Burzaco como jefe de la aún latente Policía Metropolitana. Ello no habría causado el beneplácito del ex juez federal, quien insistió:
–No aguanto más...
La diputada electa sólo atinó a forzar una sonrisa comprensiva, a la vez que palmeaba con suavidad la mejilla de su interlocutor. Y él prometió reconsiderar el asunto.
De hecho, Montenegro ya había redactado su renuncia. Y ello, en sí mismo, constituye una curiosidad. Porque no había tenido una reacción así ante los repudios que generó la presencia del comisario Jorge Palacios en su área de influencia. Ni por las graves irregularidades constatadas en las contrataciones y compras de equipos. Ni por el affaire del espionaje que llevó tras las rejas al hoy afamado Ciro Gerardo James. Por el contrario, frente al estallido de cada uno de estos episodios, él supo aferrarse a su cargo con un fervor casi irracional. Claro que también lo tuvieron sin cuidado otros tragos amargos de última data. Como la suspensión de custodias en dependencias porteñas por una deuda morosa de 36 millones de pesos que su gestión mantiene con la Policía Federal. Y la filtración periodística de datos sobre unos 20 agentes de inteligencia que, como James, cumplen tareas inciertas en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en medio de semejante debacle, sería la designación de Burzaco lo que terminó por sacudir su entereza emocional. No es un secreto, claro, que entre ellos anida un añejo rencor.

Cuestión de peso. En la campaña electoral de 2007, Macri enarboló el tema de la seguridad como su bandera más preciada. Ello fue determinante en su llegada a la jefatura de la Ciudad. Su principal asesor al respecto fue precisamente Burzaco, un robusto muchacho de 38 años que soñaba con ser ministro de seguridad, tal como el líder del PRO se lo había prometido. Pero grande fue su sorpresa al enterarse por los diarios que Macri terminó eligiendo a Montenegro para ese cargo.
Apalabrado en septiembre de ese año por Michetti –con la que había entablado un lazo de amistad a través de quien fuera su esposo, el ex periodista Eduardo Cura–, Montenegro no vacilaría en renunciar al Juzgado Federal Nº 7 para estrenar el traje de ministro, no sin antes tener una gentileza con su futuro patrón: archivar una causa que investigaba a Ángelo Calcaterra –el primo de Macri– por notorios sobreprecios en obras públicas.
Lo cierto es que la figura del Gordo –como todos le dicen a Montenegro– entusiasmó a Macri. En realidad, éste pretendía designar en Seguridad a un especialista en la materia que, además, tuviera una excelente llegada al universo policial. Pero ante la inexistencia de un candidato con tales características, terminó por orientar su búsqueda hacia alguien que sólo cumpliera con el segundo requisito. Montenegro tenía justo ese perfil. Y, por cierto, su llegada a la función pública contó con la expresa aprobación de Palacios, quien –desde la sombra– ya entonces asesoraba al futuro jefe de gobierno en el diseño de una fuerza policial cuyo eje estuviera depositado en el espionaje. Montenegro también tenía justo ese perfil.
Es que aquel hombre de 45 años, padre de tres hijos, amante del rugby y con una inquebrantable fe católica, jamás ocultó su fascinación por el universo de los agentes secretos. Incluso, entre sus conocidos y colegas del fuero federal, era célebre por jactarse de espiar teléfonos ajenos. “Ojo, yo sé todo”, supo ser su latiguillo en tales ocasiones. Y ello tenía su asidero de razón: durante sus días de fiscal, en su despacho estaba instalado uno de los equipos permanentes de la Side para efectuar filmaciones clandestinas, tal como está probado en la causa que lleva el juez Ariel Lijo por las irregularidades cometidas en la instrucción judicial por el atentado a la Amia. Ya entonces, Montenegro y el Fino mantenían una relación cordial. Y este último no dudó que el Gordo sería funcional, o al menos, manejable, en el proyecto macrista de crear una Side paralela.
Ahora –según fuentes confiables– se sabe que ese plan fue dispuesto desde el principio por el propio Macri. Y Palacios fue su brazo ejecutor. En aquel contexto, éste le incrustó a Montenegro la forzada presencia de Pascual Miguel Mazzeo, un ex oficial de la temible Superintendencia de Seguridad Federal que durante la dictadura –bajo el alias de Macciopinto– fue infiltrado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Y en los albores de la gestión del PRO en la Ciudad, siempre bajo las órdenes del Fino, su misión sería la de ser ladero del ministro, con el propósito de que éste sea debidamente controlado.
Ahora también se sabe que Mazzeo –en su calidad de vaso comunicante entre Macri y Palacios con Montenegro– jugó un rol clave en la selección del personal de la Metropolitana. Ya entonces fue reclutado Ciro James, cuyo destino intermedio sería el Ministerio de Educación, puesto que la fuerza policial porteña transitaba aún por su prehistoria. Para ello se recurrió al gerente de Boca Juniors, Andrés Ibarra –y por consiguiente, empleador de James en ese Club– quien acababa de convertirse en subsecretario de esa cartera. Allí, el espía –bajo la cobertura de ser asesor del área legal– monitoreaba a docentes y estudiantes en sus respectivos conflictos con el gobierno de la Ciudad.
Junto con James, el dúo Fino-Macri también orquestó la incorporación de una verdadera legión de plumas –como se les dice a los agentes de inteligencia de la Federal– y un volumen no menor de ex agentes de la Side. De los primeros, trascendió un listado con la identidad y el rango de unos 20. Entre ellos resaltan, por caso, María Graciela y Soledad Ontivero, hijas de Adalberto Ontivero, secretario del comisario Osvaldo Chamorro. Nadie sabe a ciencia cierta las tareas que cumplen estos efectivos. Al respecto, un vocero del Ministerio evacuó dicho enigma con las siguientes palabras: “Antes eran topos que se infiltraban; acá se van a cortar el pelo y salir a la calle”.
A su vez, Miradas al Sur tuvo acceso a una listado de ex agentes de la Side que ahora, por cuenta de la Metropolitana, también “se van a cortar el pelo y salir a la calle”. Entre ellos están Mario Viña, Rodrigo Bononi, Luis Starzza, Lucio Starzza, Federico Tornazo y Félix Isla Rodríguez (jefe de seguridad del Teatro Colón). También hay dos agentes vinculados a Miguel Ángel Toma –Raúl Rosa y Alejandro Colombo–, un ex agente cesanteado por inventar pagos a confidentes imaginarios –Víctor Ruiz–, dos agentes que participaron con Galeano y Palacios en el encubrimiento del caso Amia –Jorge Matute y Vito Occhionero– y un traficante de datos de dudosa veracidad para fines periodísticos: Walter Bucceta.
Ésa es parte de la Policía Metropolitana que, a partir de diciembre, encabezará su recién designado jefe civil, Eugenio Burzaco.

La segunda oportunidad. Hijo del Raúl Burzaco –ex vocero de Carlos Menem y director del diario Tiempo Argentino–, el joven Eugenio jamás fue informado por Macri sobre la decisión de reemplazar su entronización como ministro por la de Montenegro. Sin embargo, en los corrillos del PRO circuló con insistencia la versión de que ello había obedecido a la mácula sanguinolenta que perdura en su currículum por haber asesorado a la policía neuquina de Jorge Sobisch, en tiempos del asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
Aún así, en enero de 2008, el ex juez le ofreció hacerse cargo de la subsecretaría del Ministerio. Pero Burzaco –seguramente por un despecho escalafonario– ni le contestó. A partir de entonces –dicen–, Montenegro empezaría a profesarle una indisimulada animosidad. Ya se sabe sobre el golpe que para él significó la imposición del otro por parte de Macri en la Metropolitana. En consecuencia, Burzaco se convertirá en el tercer jefe de una fuerza policial que aún no ha visto la luz. Y Chamorro –quien se reúne diariamente con el Fino en las oficinas compartidas de la calle Maipú– pasaría nuevamente al segundo peldaño de dicha milicia, pero recién en diciembre, cuando Burzaco culmine su mandato como diputado. En tanto, un coro de repudios ya comienza a opacar su futuro.
Con la esperanza de que su condición de jefe policial civil impresionara de modo positivo a la opinión pública, el nombramiento de Burzaco exhumó del olvido el sabor picante de su trayectoria. Considerado como una suerte de intelectual del ala más conservadora de la nueva derecha argentina, este licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador haría su primer trabajo de campo como agente de la Side, durante la época de Fernando De Santibáñez. Luego asesoraría –además de Sobisch– al no ingeniero Juan Carlos Blumberg, a la comisión directiva de River Plate y hasta a un senador estadounidense del Partido Republicano. También es autor de dos libros: Rehenes de la violencia y Mano justa. En lo político, tras abandonar la Side durante la caída del gobierno de la Alianza, se fascinó con la profundidad del pensamiento macrista. Y se unió a las filas del PRO, siendo elegido diputado en 2007. Tras el desaire de su fallido nombramiento, se mudó hacia las huestes de Francisco De Narváez, quien en las últimas elecciones sólo le concedió una candidatura de consejal. Ello determinó su alejamiento de la política. Pero la sorpresiva convocatoria de Macri para encabezar la fuerza policial más desafortunada del país, lo situó por vez primera en el centro de la escena.
Enemistado con Montenegro, al frente de una cúpula controlada por el Fino y resistido por la oposición y las organizaciones sociales, su futuro es más que incierto.


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"CHAMORRO, UN MAESTRO PARA CIRO JAMES".

El reemplazante de Jorge “Fino” Palacios tenía archivos en su PC con informes sobre el estado financiero de dirigentes de la oposición y del propio jefe de Gabinete macrista. El ministro de Seguridad se entrevistará hoy con el juez Oyarbide. Chamorro, con las horas contadas.

Los archivos hallados en una computadora que usaba el actual jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, lo dejaron seriamente comprometido en la causa del espionaje, a la par de Ciro James y del ex titular de la fuerza porteña Jorge “Fino” Palacios. Chamorro podría ser desplazado hoy mismo, después de una audiencia que mantendrían el secretario de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el juez Norberto Oyarbide (ver aparte). En una carpeta rotulada “Osvaldo” que fue identificada en el disco rígido, la Policía Federal encontró pedidos de informes financieros y comerciales acerca de varios legisladores porteños de la oposición, del dirigente del sindicato de los municipales Patricio Datarmini y hasta del propio jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La pericia policial que está en manos de Oyarbide revela, de este modo, que la Metropolitana también habría hecho espionaje político, incluso de los propios dirigentes PRO, y que las escuchas telefónicas eran sólo una parte del espionaje.
El mes pasado, Oyarbide ordenó allanar una oficina de la consultora Strategic Security Consultancy, de Fino Palacios, ubicada en el séptimo piso de Maipú 216, pleno centro porteño. La indicación había sido extender el procedimiento al estudio jurídico de Chamorro, que figuraba como el departamento vecino. Bastó con que se abriera una puerta para que los investigadores descubrieran que, en realidad, no eran dos departamentos separados, sino que estaban conectados como una misma oficina. Palacios y Chamorro ya eran carne y uña desde sus viejos tiempos en la Policía Federal, de donde fueron separados en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ayer el abogado del Fino, Diego Richards, se presentó para pedir su eximición de prisión.
El juez le encomendó a la División Apoyo Tecnológico de la Federal que analizara las computadoras secuestradas. Una de ellas evidentemente era utilizada por Chamorro, ya que había archivos y carpetas con su nombre. Allí tenía instalado el sistema de búsqueda de información financiera de la empresa Nosis –que brinda servicios similares a Veraz– y había requerimientos de datos sobre una lista de nombres y apellidos más que llamativos, empezando por el propio jefe de Gabinete de la administración macrista, Horacio Rodríguez Larreta. Figuran también la legisladora Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), titular de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad; el diputado Gonzalo Ruanova (Espacio Plural), miembro de la misma comisión; la legisladora porteña Diana Maffía (Coalición Cívica) y el sindicalista Datarmini (líder del gremio de los empleados municipales porteños). Fuentes policiales señalaron anoche que también se pidieron informes económicos de Néstor Kirchner y del dirigente gremial macrista Daniel Amoroso. Sin embargo, en el juzgado no tenían confirmación de esos datos.
Los informes aparecen gestionados por la consultora de Palacios y corresponden a los últimos meses, desde julio en adelante. Es porque la clave, que estaba en un documento de Word común y corriente, permitiría acceder sólo a los más recientes. Ayer el juez Oyarbide pidió que Nosis detalle cuáles fueron todas las consultas hechas por Strategic Security Consultancy en los últimos dos años. Por la tarde circulaban fuertes versiones de que la lista de los espiados con esta metodología elemental abarcaría también al legislador electo (Frente para la Victoria) y referente de los docentes porteños Francisco “Tito” Nenna y a tres legisladores porteños de PRO: el vicepresidente de la Legislatura porteña, Diego Santilli, y los integrantes de la Comisión de Seguridad Christian Ritondo y Osvaldo Borrelli.
La firma Nosis proporciona datos personales, crediticios y vinculaciones comerciales de los ciudadanos. Cualquiera que pague un abono y obtenga un password puede pedirlos: en sí mismo no es delito. El problema es que en el caso que investiga Oyarbide habrían sido utilizados para “hacer inteligencia interior” –según advierten allegados a la causa– por quien fue jefe de la Policía Metropolitana hasta fines de agosto, el Fino Palacios, y por su sucesor, Chamorro, quien está ahora al frente de la fuerza. El gobierno porteño preveía que quedara en ese lugar hasta que asumiera Eugenio Burzaco, que termina su mandato de diputado nacional en diciembre. En la fiscalía de Alberto Nisman, que interviene en la pesquisa, analizan si hubo violación a la Ley de Seguridad Interior o a la Ley de Inteligencia.
El expediente que instruye Oyarbide comenzó con una denuncia de Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA: había recibido un llamado anónimo donde le decían que el Fino Palacios le había mandado a pinchar el teléfono. El magistrado corroboró que, efectivamente, Burstein tenía su celular intervenido con una técnica sorprendente: su nombre había aparecido en una causa judicial de Misiones vinculado con la investigación de un asesinato; un juez de Posadas, a instancias de policías misioneros, ordenó la escucha, y las grabaciones las retiraba de oficinas de la SIDE en Buenos Aires el entonces policía federal Ciro James. James, además, resultó estar muy ligado a Palacios –quien gestionaba su ingreso a la Metropolitana– y tenía desde 2008 un contrato como supuesto asesor legal del Ministerio de Educación porteño, aunque hasta ahora la administración macrista no logró o no quiso precisar qué hacía.
Burstein fue uno de los principales impulsores del desplazamiento del Fino de la jefatura de la Metropolitana. Fue espiado entre agosto y septiembre últimos, cuando era inminente el procesamiento del comisario retirado por el encubrimiento del atentado a la AMIA, lo que finalmente determinó que dejara la policía porteña, y a pesar de lo cual Macri lo siguió respaldando.
Lo que terminó de convertir a Palacios en un sospechoso clave en la causa fueron las 150 llamadas que se descubrió que intercambió con James en el período de las escuchas a Burstein. Incluso hablaron un rato antes de que el propio James hiciera dos llamados de prueba para verificar la línea del dirigente de los Familiares de AMIA. Las oficinas de la consultora del Fino, que compartía con Chamorro, fueron allanadas apenas salió a la luz que desde julio y hasta que lo detuvieron, a comienzos de octubre, James hablaba por teléfono desde adentro del edificio del Ministerio de Seguridad porteño, donde están las dependencias de la policía de Macri, lo que hacía suponer que ya estaba trabajando allí antes de ser designado y previo a que le concedieran la baja en la Federal.
La relación con James ya había implicado el primer traspié en la causa también para Chamorro, que tuvo que declarar como testigo, bajo juramento de decir verdad: el comisario le dijo que había hablado con él sólo dos veces en su vida a raíz de su incorporación a la Metropolitana que –confirmó– manejaba Palacios. Sin embargo, los análisis de sus llamados telefónicos revelaron que hablaron una decena de veces a través de sus celulares personales y otras sesenta a través del teléfono del secretario privado de Chamorro.
Con el correr de los días, el juzgado de Oyarbide identificó a otras ocho víctimas a las que les habían intervenido los teléfonos con la misma técnica: se los vincula falsamente en una causa judicial por robo u homicidio; por lo menos dos jueces de Posadas requieren las escuchas; James retira las grabaciones en casetes o CD de la SIDE, con autorización de los policías misioneros y los magistrados intervinientes. Los jueces involucrados hasta ahora, Horacio Gallardo y José Luis Rey, faltaron dos veces al llamado a la indagatoria y ayer Oyarbide pidió su juicio político para poder detenerlos.
Entre las personas que fueron blancos del espionaje figuran, además de Burstein, el parapsicólogo Daniel Leonardo, baleado la semana pasada, quien apuntó por las escuchas a su suegro, Franco Macri, y en un principio también a su cuñado Mauricio; el empresario televisivo Carlos Avila; su yerno, gerente de TyC Sports, Federico Infante; dos gerentes de Coto; el empresario Jorge Navarro, quien ayer acusó del espionaje a su hermano Juan Navarro, del Exxel Group; el abogado Francisco Castex (del poderoso estudio Iribarren) y la esposa de Hugo Breitman, dueño de un importante anticuario, a quien ella acusa del espionaje que ocurrió, dijo, el mismo año en que él hizo aportes a la campaña de Macri para jefe de Gobierno.
Cuando días atrás procesó a James y a tres policías misioneros, Oyarbide les imputó delitos que son excarcelables, como violación de secretos y falsificación de documento público. A esta altura ya empieza a contemplar que lo que operó habría sido una asociación ilícita, lo que podría derivar en penas de prisión para los responsables.